El Gobierno volvió a extender el plazo de negociaciones. Será hasta el 24 de julio. Si bien acortaron distancia entre lo ofrecido y lo deseado por los bonistas, no cerraron la brecha.
El Gobierno anunció el viernes pasado una nueva prórroga en el plazo de vencimiento de la renegociación de la deuda en dólares con acreedores en moneda extranjera. Se trata de una nueva extensión hasta el 24 de julio que refleja la dificultad para lograr un acuerdo sustentable que logre la aceptación de los bonistas. Qué tan lejos se encuentran ambas partes y cómo varió la negociación en los últimos meses.
La premisa del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda externa se basa en un punto clave: que el pago de los vencimientos no terminen generando mayor empobrecimiento de la sociedad, sino que, por el contrario, sean lo suficientemente bajos durante los primeros años para permitirle al Estado recomponer calidad de vida de los argentinos.
Tal como suele repetir el mandatario, en alusión a una frase del expresidente Néstor Kirchner, el esquema propuesto desde un principio apunta a que los acreedores comprendan que «los muertos no pagan». Es decir, que cuanto más se asfixie a la sociedad argentina con vencimientos elevados de deuda en el corto plazo, menos podrá recuperarse económicamente y por lo tanto más difícil será cumplir con las obligaciones.
El camino debe ser opuesto y así encaró Martín Guzmán el comienzo de la negociación. Con una propuesta de fuerte quita, sobre una deuda tomada con altas tasas de interés en un mundo con financiación a valores bajos e incluso negativos debido a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. Tal como era de esperar, el ministro se encontró con la dureza de los bonistas. Esto empujó al Gobierno a otorgar concesiones en los valores reales.
En ese contexto, y arrastrando una fuerte caída del PBI en los últimos años, a la Argentina se le presentó con otro problema: evitar una crisis sanitaria en el país imponiendo una cuarentena. Para la consultora Ecolatina, en el proceso de renegociación como en la salida del aislamiento social reposa el futuro de la economía del país.
Según señalaron, el Gobierno debe lograr cuanto antes ponerle fin a ambos problemas pero «bajo algunos requisitos: un rebrote de Coronavirus es tan poco deseable como tener que volver a reestructurar la deuda en un par de años, por ejemplo». Si bien la cuarentena fue flexibilizada en el 85% del país, la dificultad del AMBA para controlar el brote de Covid-19 representa un problema, al igual que lo es el hecho de no cerrar rápidamente y en condiciones favorables para el país el canje de deuda.
Qué tan lejos están el gobierno y los acreedores
Un análisis realizado por la mencionada consultora señala que al momento existen tres ofertas vigentes: «la del gobierno nacional, la del Comité de Acreedores de Argentina, al que se suman los fondos Fintech y Gramercy (BG), y la del grupo Ad-Hoc y Exchange (AE), integrado por BlackRock y Fidelity». De las tres, la oficial es la más austera mientras que la de BG convalida mayor quita que la restante.
A mediados de abril, la cartera que conduce Martín Guzmán lanzó la primera propuesta. El Valor Presente Neto (VPN) de la misma se ubicaba en torno a los u$s40 valuado a una tasa de descuento del 10%. Debido a su baja adhesión (menos del 20%) debió ser retocada y mejorada.
Entre los puntos en los que se enfocó el Gobierno estuvo el plazo de gracia, el cual fue acortado comenzando a pagar el siguiente año en lugar de 2023. Al mismo tiempo, desde Ecolatina remarcaron que se mejoraron los pagos de cupones, reconocieron los intereses corridos hasta el momento del acuerdo -pagándoles a través de un bono con vencimiento en 2024- y se recortó la quita de capital.
«Considerando la misma exit yield (10%), el VPN de la propuesta se acerca a USD 51 por cada lámina de USD 100. Una mejora considerable respecto de los USD 40 iniciales, pero aún por debajo de las pretensiones de los acreedores», apuntaron.
Con respecto a las correcciones recientes, el Gobierno propuso el pago de un cupón de hasta 0,75% atado a todas las exportaciones medidas en dólares – no solo las agropecuarias como se conoció en un primer momento – y comparadas con un promedio de los últimos 5 años.
«Este tipo de `endulzante´ está atado a la capacidad de generación de divisas genuinas del país, por lo que evitaría potenciales descalces de moneda que podría generar un cupón PBI ante un crecimiento basado en atraso cambiario (que estimula la expansión de corto plazo mientras lesiona la capacidad de generación de divisas del país). Además, la nueva propuesta respeta los indenture originales de los bonos, una exigencia que desde el principio señalaron los acreedores de los bonos de la reestructuración de 2005, casualmente aquellos que poseen las indentures más duras», apuntaron desde Ecolatina.
En un análisis más profundo del volumen de los pagos en el corto plazo, la consultora remarcó que en la primera oferta acumulaban sólo u$s330 millones hasta 2023 mientras que en la última se elevó a u$s1.800 millones. Asimismo, si se tiene en cuenta un espacio temporal más amplio, hasta 2028, la primera propuesta contemplaba pagos por u$s15.600 millones en tanto que la última lo hace por u$s25.500 millones.
«De todas formas, comparado contra el escenario previo a la reestructuración, el “ahorro” sigue siendo significativo: la propuesta de abril reducía pagos por USD 25.900 millones hasta 2023 y USD 47.500 millones hasta 2028, en tanto que, para la última, estas sumas ascienden a USD 24.400 y USD 37.500 millones, respectivamente», resalta el informe.
Pese a haber acortado la distancia, la propuesta aún se encuentra por debajo de lo requerido por los bonistas. Por ejemplo, la oferta exigida por BG se encuentra en el orden de los u$s53,8 por cada lámina de 100 a una exit yield del 10%. En tanto que AE hizo lo propio con una que supera los u$s60,3/100. «Además, el grupo AE pretende el cobro en efectivo de la mitad de los intereses corridos y la otra mitad con un bono, a la par que pidió un cupón vinculado al PBI en lugar del atado a las exportaciones ofrecido», resaltó el informe de la consultora
Un punto preocupante también tiene que ver con la litigiosidad. En ese sentido, AE amenazó con ir a la justicia de Nueva York en caso de que el gobierno nacional no flexibilice su postura. En caso de que esto ocurra se agravaría la situación, estancando las negociaciones.
Si bien ambas partes lograron acercar posturas y avanzar en el diálogo para evitar una judicialización, la demora en un acuerdo genera preocupación e incertidumbre. Desde Ecolatina remarcaron que «el problema es que esta extensión y una negociación que parece a punto de cerrarse, pero no lo hace, generan un estrés demasiado alto como norma de la economía argentina, de modo tal que desalientan cualquier proyecto o inversión de mediano plazo».
El plan del gobierno de cerrar un acuerdo que implique un VPN igual o menor a u$s49,90 por cada lámina de 100 como mencionaron reiteradas veces funcionarios nacionales parece no encontrar asidero dentro de los acreedores. Los endulzantes ofrecidos aún no convencen a los acreedores y el tiempo corre. Sin embargo, el objetivo principal de Fernández y Guzmán continúa siendo el mismo: que la deuda sea sostenible.
Pese a ello, desde la consultora remarcaron que es necesario cerrar ambos procesos: el default y la cuarentena. «Son condiciones necesarias para comenzar a poner nuevamente de pie a la economía argentina, de lo contrario la crisis seguirá profundizándose. Tan simple y complejo como encaminar ambos procesos en el corto plazo», concluyeron.
