Índice de precios de enero se proyectó levemente por debajo del de diciembre. Debe cumplirse orden presidencial de lograr en los primeros tres meses un alza menor que entre octubre-diciembre 2019.
Dentro del albertismo económico hay una preocupación: que pueda no cumplirse la misión impuesta por el Presidente de conseguir en el primer trimestre del año una inflación acumulada menor que la del período octubre- diciembre de 2019. Esto es, menos de, aproximadamente, un 12% total, o el promedio de 4% mensual.
En teoría, las medidas no expansivas en materia monetaria, los congelamientos de tarifas de servicios públicos y la estabilidad cambiaria deberían garantizar este logro que, a los ojos del equipo económico, sería el primer mensaje positivo que Alberto Fernández podría plantearle a la sociedad: que bajo su gestión, en su primer trimestre completo de manejo de la economía, el alza de los precios se contuvo y comenzó a descender. El problema que empieza a verse es que los primeros datos (por ahora preliminares) sobre el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes de 2020 no muestran tranquilidad en su evolución, sino, más bien, un sostenimiento de la presión alcista registrada en noviembre y diciembre pasado, y que potenció un resultado final de 4,3% en noviembre y probablemente más de 4% en diciembre. Este último dato, junto con el resultado final de 2019, se conocerá el próximo miércoles 15, con un resultado final que arrojará al IPC cerca del 55%.
Los datos que se manejan en Economía hablan de un alza en el primer mes del año que podría acercarse al 4%, y al que le costará despegarse del de diciembre. Si esto se confirmara, para cumplir con la orden presidencial, en los últimos dos meses del primer trimestre del año la inflación, sí o sí, tendría que comenzar a bajar. Y si se quiere que el indicador se ubique por debajo del 40% en 2020, esa contracción tendría que profundizarse y ubicarse desde el segundo trimestre por debajo del 3% para que el promedio final se acerque a la proyección oficial.
El problema que comienza a observarse es un clásico criollo: la aceleración de los precios de consumo masivo, por el incremento potencial de la demanda y las especulaciones de congelamientos o controles futuros más que por factores reales potenciadores de la inflación. Esto es, por especulaciones internas y hasta culturales; circunstancias que en la economía interna argentina tienen tanto valor como la aplicación de factores indexatorios. Fue el mismo debate que el macrismo sostuvo durante meses con los enviados el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente el italiano Roberto Cardarelli, y que recién fue reconocido por el organismo al final de la gestión del anterior Gobierno. La situación se complica aún más al tener en cuenta que, por decisión casi personal de Alberto Fernández, están suspendidos hasta marzo todos los aumentos de tarifas de servicios públicos (energía, agua y gas) y del transporte público de pasajeros en la Ciudad. Lo mismo se intentará con los precios al público de los combustibles, luego de suspenderse el incremento de 5% programado por YPF para la semana pasada, y que podría haber sido acompañado por otro similar en febrero y un tercero en marzo.
Una llamada personal del Presidente al titular de la petrolera, Guillermo Nielsen, hizo que se frenara el incremento; por ahora, sin fecha concreta de ejecución. La convicción es que por cada cinco puntos de alza de los combustibles, la inflación sube uno, con lo que el incremento que se quería aplicar en enero hubiera arrojado la inflación de ese mes por encima del 4%; y, en consecuencia, un nivel superior del promedio del último trimestre de 2019. Si además se hubiera permitido algún ajuste en las tarifas del transporte y de los servicios públicos, el IPC del primer mes podría superar el récord de septiembre de 2019 de Mauricio Macri, cuando el indicador llegó a 5,9% potenciado por la mega devaluación del 25% de agosto pasado.
Para Alberto Fernández, mostrarle a la sociedad una inflación bajo su dominio por encima del peor mes del anterior jefe de Estado es, políticamente, inaceptable. Por lo cual, la presión de los incrementos de los combustibles y de las tarifas será una de las muchas cuestiones que pasarán a resolverse para fines del primer trimestre del año. Como ya aclaró en varias oportunidades el propio Alberto Fernández, será antes del 31 de marzo, cuando la actual gestión pueda hacer un balance general de la herencia recibida, y dar precisiones más concretas sobre las metas económicas para los cuatro años en los que manejará la economía argentina. Mientras tanto, la orden será que, al menos en la inflación, los datos no sean peores que los que se registraron en el final de la gestión macrista.
