Para abordar la problemática de la vivienda social en Argentina en lo inmediato, en mi opinión no se debe recurrir ni al sistema financiero ni a los recursos fiscales presupuestarios. Las acciones de la política pública deberían focalizarse en la tierra, en los impuestos y en la ley de alquileres. A partir de ello, la rueda comenzaría a girar y luego se podrían sumar otros elementos, tales como el financiamiento bancario. Por el lado de la tierra, lo que se debe lograr es suelo urbano con infraestructura y normas que permitan la densificación para proyectos privados de vivienda social. Ello es resorte estatal.
La cuestión impositiva es clave porque la presión es enorme y en el segmento de vivienda social, son impuestos que simplemente no se cobran porque nadie hace proyectos para ese público. En Uruguay, por ejemplo, la vivienda social no paga ningún impuesto.
Y finalmente hay que incentivar al pequeño ahorrorista argentino a que invierta en ladrillos para alquilar. La forma de hacerlo es a través de una ley que le de tranquilidad respecto del cobro de la renta y la ejecución en caso de impago.
Con estas 3 cosas, simples, los desarrolladores inmobiliarios nos lanzaremos a hacer proyectos de vivienda social traccionando el ahorro de los argentinos, como sucede en todo Latinoamérica.
Si luego vinieran las hipotecas, los subsidios estatales y los préstamos a desarrolladores, mejor. Pero ello NO es necesario en lo inmediato. Tampoco inversión extranjera ni innovaciones tecnológicas disruptivas.
Los desarrolladores inmobiliarios argentinos estamos listos para empezar a construir, a invertir en el país, a generar empleo genuino e intensivo en la construcción y a producir viviendas sociales en volumen. Solo necesitamos lo antedicho: tierra, sacar impuestos y una ley de alquileres que no ahuyente al pequeño inversor.
Real Estate: resumen semanal al 13-12-2019
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